El pasado 28 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 3/2025, de 27 de junio, que modifica la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. Esta reforma legislativa responde al mandato contenido en la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, y supone un paso importante en la protección de los valores democráticos y de los derechos fundamentales.
¿Qué implica esta modificación?
La nueva norma introduce una causa específica de disolución de asociaciones que realicen actuaciones públicas que constituyan apología del franquismo, ensalcen el golpe de Estado de 1936, la dictadura o a sus dirigentes, siempre que dichas acciones supongan:
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Menosprecio o humillación de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra civil o del régimen franquista.
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Incitación directa o indirecta al odio o la violencia contra esas víctimas por su condición de tales.
Estas medidas se aplican a todas las formas de asociación, incluyendo federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones, con independencia de sus estatutos o registro formal.
¿Quién puede solicitar la disolución?
La disolución solo podrá acordarse por resolución judicial.
El Ministerio Fiscal será la entidad encargada de ejercer la acción judicial correspondiente, aunque también se reconoce legitimación activa a asociaciones, entidades o personas jurídicas cuyo objeto sea la defensa de la memoria democrática y de las víctimas del franquismo.
¿Por qué esta reforma?
El artículo 22 de la Constitución garantiza el derecho de asociación, considerado por la jurisprudencia constitucional como uno de los pilares del Estado social y democrático de Derecho. Sin embargo, también establece límites cuando el ejercicio de ese derecho atenta contra otros derechos fundamentales o valores democráticos.
Esta reforma busca proteger el espacio público y democrático de expresiones que pueden resultar contrarias a la dignidad de las víctimas o que supongan una banalización de episodios de violencia y represión.
Entrada en vigor
La Ley Orgánica 3/2025 entró en vigor el 29 de junio de 2025, al día siguiente de su publicación en el BOE.
Esta modificación refuerza el compromiso de las instituciones públicas con la memoria democrática, el respeto a los derechos humanos y la construcción de una sociedad basada en la igualdad, la pluralidad y la convivencia.
